Migración

En la actualidad un fenómeno social que ha venido provocando una serie de repercusiones profundas en el andamiaje de la realidad nacional e internacional lo constituye la Migración. Problemática que es definida por muchos como “una estrategia de supervivencia y de reproducción social” y que, sin duda, es uno de los fenómenos más relevantes y de discusión dentro del ámbito social, político, económico, cultural y académico del Ecuador. La Migración se posiciona como un argumento trascendente a la hora de interpretar las políticas del Estado sobre la movilidad humana y el punto de vista de la sociedad civil en materia, particularmente, de los derechos humanos.

Este proceso, al menos el más contemporáneo, surge a fines de los noventas y marca cambios importantes en la tradición migratoria del país y sus consecuencias son muy grandes, no sólo en la economía y cultura de las familias afectadas y sus comunidades, sino en todo el territorio nacional. Su comprensión objetiva e integral ayudará no sólo a los ecuatorianos, sino también a los países con quienes han “tejido sus lazos de trabajo y de vida”, a llevar de manera más justa e imparcial el tema migratorio y a incentivar a los gobiernos en el diseño y ejecución de políticas más ecuánimes y con mayor sentido humanitario.

En el Ecuador frente a una realidad de movilidad humana que se ha complejizado en los últimos diez años, el Estado ha trabajado en construir políticas e institucionalidad para responder de forma integral a las diversas aristas de este hecho social. Esta nueva visión, que recoge necesidades, obligaciones, derechos y garantías,  se materializa en la nueva Ley de Movilidad Humana aprobada  por la Asamblea Nacional el 5 de enero del 2017. Con este cuerpo legal se promueven acciones para proteger a quienes se encuentren en movilidad humana, se reconoce que son iguales ante la ley y que nadie será ilegal por su condición migratoria. Asimismo, la ley regula los derechos y obligaciones de emigrantes, inmigrantes, personas en tránsito, ecuatorianos retornados, quienes requieren de protección internacional, víctimas de delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes.